¿Por qué el informe de un comité de la ONU abre una nueva crisis política para Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quedó sumida en una fuerte crisis política luego de que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada advirtiera que en ese país se cometen desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad.

El comunicado que la ONU emitió la semana pasada explicaba que el Comité había solicitado abordar "de manera excepcional" el tema de las desapariciones forzadas en México durante la Asamblea General del organismo, con el objetivo de elaborar una propuesta que ayude al país a prevenir, investigar, castigar y erradicar este crimen, así como crear un mecanismo para el esclarecimiento de la verdad y la atención de las familias.

"El procedimiento de carácter preventivo tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual", precisó el escrito, que indicó que las desapariciones que se registran en México podrían ser consideradas delitos de lesa humanidad, aunque no sean cometidas como parte de una política gubernamental a nivel federal.

El Gobierno respondió de inmediato con un duro comunicado en el que acusó al Comité de "falta de rigor jurídico" y "ligereza" en su posición.

"México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno (...) los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio Comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025", indicó la administración de Sheinbaum.

Además, el Ejecutivo explicó que el procedimiento que solicita el Comité fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y cuando las autoridades se niegan a actuar y cooperar, un caso que no corresponde con la situación en México.

Apoyo y repudio

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México respaldó al Gobierno mexicano y acusó al Comité de la ONU de tener una postura "acomodaticia y sesgada", plagada de "errores analíticos", que carece de rigor histórico y que "minimiza políticas erráticas del pasado", en referencia a los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Del mismo modo, reprocha que el documento no reconozca los avances logrados por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Sheinbaum.

Por el contrario, organizaciones sociales apoyaron a la ONU y denostaron al Gobierno. "La descalificación no es una estrategia de Estado (...) mientras las cifras de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere el 99 %, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente", señaló un comunicado firmado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Datacívica, entre otros.

El Centro Pro Derechos Humanos, una de las organizaciones más importantes del país y promotora del caso ante la ONU, lamentó la respuesta del Gobierno y consideró que no está a la altura de la crisis. "Replica actuaciones previas de diversas administraciones que han denostado a organismos internacionales cuando han develado la realidad de las violaciones a derechos humanos en el país", recordó.

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Una madre y un obispo

Entre las críticas al Gobierno, destacaron las de los familiares de los desaparecidos. Brenda Valenzuela Gil, quien busca a su hijo Carlos Emilio desde octubre pasado, escribió un emotivo testimonio en redes sociales en el que consideró que la decisión del Comité de la ONU implica que "hay un patrón" de desapariciones.

"Hay miles de familias viviendo este mismo infierno, y que el Estado tiene responsabilidad… no solo cuando participa, sino cuando no hace lo suficiente, cuando no busca, cuando no investiga, cuando nos deja solas. Yo soy una de esas madres", señaló.

El obispo emérito de Saltillo Raúl Vera López, quien apoya desde hace décadas a los familiares, aseguró que el Gobierno no ha enfrentado en toda su magnitud las desapariciones debido a los funcionarios "cómplices" que promueven la impunidad.

Según los datos oficiales, en México existen más de 132.000 personas desaparecidas (que pudieron ser víctimas de un delito) o no localizadas (que posiblemente se fueron por su propia voluntad). Sin embargo, el mes pasado el Gobierno anunció un cambio metodológico para contar a las víctimas de este delito, lo que dejó la cifra en 43.128 personas.

Sheinbaum responde

Después de varios días de polémica, la presidenta explicó este lunes que su Gobierno rechazó el informe del Comité de la ONU porque analizó las desapariciones ocurridas en cuatro estados del país de 2009 a 2017 y luego los extrapoló a 2025.

También advirtió que la ONU define que las desapariciones forzadas se consideran delitos de lesa humanidad cuando provienen del Estado, lo que no ocurre actualmente en México. De hecho, agregó, el Gobierno ofreció previamente esta explicación y detalló las políticas que lleva a cabo para atender las desapariciones, pero nada de ello fue tomado en cuenta en el informe que se presentó la semana pasada y que provocó la controversia.

"Por eso se rechazó este documento (...). Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desparecida", dijo al garantizar que su Gobierno tiene la convicción de que el Estado no puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o de represión contra el pueblo o cualquier opositor. "Rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano", insistió.