La compra de una flota de aviones cazabombarderos F-16 a EE.UU. ha desembocado en un enfrentamiento entre el presidente interino de Perú, José María Balcázar, y el jefe del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.
Arroyo defendió el lunes la adquisición de los aviones y negó que hubiera irregularidades en el proceso, en aparente respuesta a las denuncias formuladas por Balcázar, quien aseguró que la compra fue a dedo, sin transparencia y sin seguir los pasos previstos en los procesos de licitaciones.
#PCMInforma | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, expuso la necesidad de fortalecer las capacidades del país, destacando que la actual flota aérea se acerca al fin de su vida útil. pic.twitter.com/7DOJTp5OYZ
— Consejo de Ministros (@pcmperu) May 5, 2026
El jefe de Gabinete indicó que la licitación estuvo ajustada a derecho e implicó un largo proceso de negociaciones que involucró a nueve administraciones presidenciales en 14 años. En esa línea, destacó que la mermada capacidad operativa de la Fuerza Aérea impulsó a sacar adelante el pliego, sin que eso implicara el desapego a las normativas establecidas, relata RPP.
"La Fuerza Aérea lo necesitaba realmente. Su capacidad operativa estaba muy baja", dijo Arroyo. Y agregó: "No fue una compra a dedo. Es una es un procedimiento que se ha empleado como secreto militar y se ha escogido la mejor oferta como está establecida".
Además, alegó que todos los pasos se cumplieron de manera escrupulosa y que, incluso, ya se había pagado la primera parte de los 3.500 millones de dólares comprometidos.
Sus declaraciones contrastan con las críticas de Balcázar, quien pidió que la situación fuera resuelta por el próximo Gobierno y dejó caer la posibilidad incluso de la reversión de la compra. Arroyo, sin embargo, aseguró que el presidente tenía pleno conocimiento de la adquisición, de acuerdo Altavoz.
En los últimos tiempos, Balcázar también denunció que se había excluido a empresas de otros países para favorecer a un único proveedor estadounidense. El contrato se terminó firmando el pasado 20 de abril, a pesar del rechazo del mandatario, y entre presiones de Washington.
Por el camino, la polémica se cobró la cabeza de dos ministros: el del entonces titular de Relaciones Exteriores, Hugo de Leza, y su colega de Defensa, Carlos Díaz.
