El 23 de agosto de 1989 casi dos millones de personas formaron una cadena humana de 600 km atravesando los tres países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania, exigiendo su independencia de la Unión Soviética. La población total de estas repúblicas era entonces de casi ocho millones. Los medios internacionales llamaron a este proceso la "Revolución Cantada".
Después de obtener su soberanía y el reconocimiento de la comunidad internacional, sin mayor impedimento por parte de Rusia; Estonia, Letonia y Lituania en 2004 pasaron a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, según estas organizaciones, "para garantizar su seguridad". Así fue como los países bálticos se convirtieron en el primero y el más exitoso laboratorio de anticomunismo y rusofobia en territorio de la ex-URSS, cuyo blanco histórico y político siempre fue el mismo: la Unión Soviética. Allí empezó a suceder prácticamente lo mismo que en Ucrania, pero mucho antes y con éxitos más visibles.
Tras su salida de la URSS, Letonia y Estonia llegaron a ser las únicas etnocracias europeas. Este carácter de su construcción nacional se manifestó en que la mayoría de los representantes de las minorías nacionales (prácticamente todos ellos rusoparlantes) fueron privados de su nacionalidad y de los derechos y libertades ciudadanos, construyendo legalmente una segregación de la población entre ciudadanos y "no ciudadanos". Solo los letones y estonios étnicos podían participar en las elecciones de todos los niveles, ocupar cargos políticos y administrativos, servir en el ejército y en las fuerzas del orden, participar en la privatización y registrar a su nombre las propiedades. De esta forma, aproximadamente un tercio de la población de Letonia y más de una cuarta parte de la población de Estonia, quedaron al margen de la vida pública de los países donde nacieron y/o pasaron la mayor parte de sus vidas. El poder y la propiedad se concentraron en manos de los representantes de la mayoría titular, y todas las nuevas instituciones políticas se construyeron sobre la división entre ciudadanos y "no ciudadanos".
En 1991, Lituania, fue la única de las repúblicas bálticas cuya nacionalidad obtuvieron todos sus residentes permanentes, pero tal decisión no fue por el amor al prójimo. Se hizo porque la proporción de minorías nacionales en Lituania era muy insignificante respecto a Letonia y Estonia. Los lituanos étnicos constituían el 79,5% de los habitantes de la república, y los pocos polacos, rusos, ucranianos y bielorrusos no podían representar una amenaza para el mismo sistema etnocrático. Tampoco hay que olvidar que fue precisamente Lituania la que creó el precedente histórico de la institución de los "no ciudadanos" en el Báltico. Así fue como ya en 1939, antes de ser parte de la Unión Soviética, se privó de la nacionalidad lituana a los polacos, residentes permanentes de la ciudad de Vilna y territorios adyacentes.
No es de extrañar entonces, que las repúblicas bálticas fueran las primeras dentro del espacio de la ex-URSS, en convertir a los verdugos nazis en los "héroes de la lucha por la independencia" y los "liberadores del comunismo", homenajeando a nivel de Estado a veteranos de las unidades locales integradas en la Waffen-SS alemana, responsables directos de las masacres étnicas, es decir, políticas que encontraron fieles ejecutores en las actuales autoridades de estos países. Estas políticas, desde el principio, estuvieron acompañadas por importantes campañas para demoler y profanar cientos de monumentos soviéticos, incluyendo los memoriales y tumbas a los soldados caídos por la liberación de Europa del nazismo.
La locura legislativa de igualar el nazismo y el comunismo, prohibiéndolos, fue una completa farsa. En ninguna de las tres repúblicas bálticas existe ni hubo la más mínima persecución hacia los variados grupos de ultraderecha nacionalista, pero sí una verdadera guerra del Estado contra todos los defensores de la URSS, con muchos presos como prueba. Obviamente, ninguno de ellos está considerado como "preso político", ya que las "plenas libertades políticas" de estos países suponen la prohibición completa de opiniones favorables sobre el país que les dio a los pueblos lituano, letón y estonio su pleno desarrollo cultural, científico, social e industrial. Recordar esto es muy peligroso y por eso está prohibido y castigado. Los defensores de esta política la reconocen y justifican, argumentando que "han rehabilitado parcialmente la memoria de ciertos actores locales que colaboraron con la Alemania nazi, en el marco de una política de memoria fuertemente anticomunista y centrada en la ocupación soviética".
Las tres repúblicas bálticas, desde la "recuperación de su independencia" de la URSS, fueron convertidas en una verdadera vanguardia nazi de la Europa oriental. La total indiferencia de la Unión Europea respecto al desprecio total hacia los derechos de sus ciudadanos, no fue ninguna "ceguera" sino una visión política a largo plazo, proyectando este modelo de arquitectura social hacia nuestros tiempos: donde el neoliberalismo mundial se abraza con el fascismo europeo en su miedo ancestral frente a la sombra del soldado soviético.
Lo escandaloso de nuestros días es el total desinterés de los organismos internacionales de derechos humanos por los presos políticos en Letonia, Lituania y Estonia. Existen muchos casos. Los activistas ciudadanos desde Letonia cuentan: el 17 de diciembre de 2025, el conocido historiador Víktor Gushchin, de 67 años, que varios años representó al movimiento social ruso en Letonia, fue arrestado y acusado de violar las sanciones de la Unión Europea. Es doctor en ciencias históricas, expresidente de la Comunidad Rusa y autor de unas 200 obras científicas. Según la acusación, Gushchin colaboró con un recurso ruso sujeto a sanciones de la UE, proporcionándole sus publicaciones que "contienen mensajes que elogian a Rusia y desacreditan a Letonia". Fueron dos artículos publicados en 2023 en el sitio web ruso 'Ritmos de Eurasia'. En 2023 este sitio web no se encontraba en las listas de sanciones de la UE. Por lo tanto, estas publicaciones no pudieron ser ninguna violación de ninguna sanción internacional, pues la ley no es retroactiva.
Víktor Gushchin padece diabetes e hipertensión. Los medicamentos que él llevó a la cárcel estaban previstos para dos meses; sin embargo, la administración de la prisión no aceptó la solicitud de medicamentos adicionales. En la noche del 18 de febrero de 2026, pocas horas antes de una audiencia judicial, un compañero de celda atacó a Gushchin mientras dormía y comenzó a golpearlo. La golpiza duró aproximadamente media hora. Tampoco se levantó un informe del ataque. En casa del historiador quedó solo su madre, de 95 años, a quien él cuidaba. Tras el arresto de su hijo, ella se quedó sin ayuda ni cuidados constantes.
Según los datos del Comité Letón de Derechos Humanos y el canal de Telegram Tiuriemny Vestnik ('Boletin de Prisión'), otros casos confirmados el 20 de enero de 2026 son:
En Lituania; Algirdas Paleckis, político opositor, periodista y brillante publicista. Acusado de "difamar" a los "héroes" nazis. Alexei Greichus, un activista cívico y editor de libros (hijo del famoso periodista lituano Rimantas Greichius), acusado de "espionaje para la inteligencia rusa". Konstantin Nikulin (Mijáilov) es un ex policía antidisturbios, acusado de atacar un control fronterizo lituano y de participar en el asesinato de militares, sin que haya pruebas. Nikolai Silin, Konstantin Venkov y Anton Patrakov, ciudadanos rusos condenados por verter agua roja sobre el monumento al comandante lituano, colaborador de los nazis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas.
En Letonia; Sergey Sidorov y su compañera Svetlana Nikolaeva, condenados por "espionaje para Rusia" y por escribir en un canal antifascista de Telegram. Elena Kreile, por defender la política de Rusia. Alexánder Gaponenko, doctor en Economía, activista por los derechos humanos, publicista, autor de libros y artículos científicos, acusado de colaborar con los medios rusos. Igors Kuzmuk, político muy conocido, exdiputado, entrenador de deportes infantiles, profesor y líder de la organización pública Poder de la Mente, condenado por una publicación en Telegram a favor de Rusia. Serguéi Nikitin, ciudadano de Alemania y de Rusia, fue detenido cuando transportaba carga humanitaria para los civiles rusos en su automóvil. Polina Kamleva, activista civil acusada de "financiar el conflicto armado". Andrei Maksimenko,ciudadano bielorruso, profesor de lenguas extranjeras, acusado de espionaje. Iveta Balode, esposa del fundador del canal de Telegram 'Antifascistas de los Estados Bálticos', Sergei Vasilyev, que se encuentra en Rusia.
En Estonia; Sergey Seredenko, activista de derechos humanos, acusado de "mantener relaciones contra la República de Estonia.". Allan Huntsom, periodista y activista civil, acusado de "actividades de inteligencia dirigidas contra la República de Estonia y su apoyo". Andrei Andronov, activista civil, ciudadano ruso, Dmitri Rootsi y Aivo Peterson, acusados de "actividad no violenta contra Estonia", por haber viajado a Donbass. Tatiana Sokolova, activista social acusada de "disponer de fondos para asistencia legal a presos políticos" al cooperar "con la Fundación Rusa para el Apoyo a los Compatriotas". Svetlana Burtseva, periodista, condenada por escribir en los medios rusos. Oleg Besedin, un conocido periodista y documentalista acusado de colaborar con los medios rusos.
Estos solo son los casos más conocidos, pero existen decenas más. Mencionarlos abiertamente en los países bálticos significa arriesgarse a formar parte de esta lista. Como podemos ver, aquí figuran no solo nombres y apellidos rusos. Las autoridades nazis de Lituania, Letonia y Estonia no logran dividir a sus pueblos por signo étnico y sus ciudadanos siguen luchando contra el fascismo.
